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José María Carmona De acuerdo al ultimo informe trimestral de la situación económica y las finanzas públicas dado a conocer por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las finanzas públicas del país registraron el mayor déficit de los últimos 19 años, producto de la caída de los ingresos tributarios, lo que representa una contracción real de 6.5 por ciento con relación a 2008, eso significa que durante el año pasado el gobierno recaudo menos impuestos. La recaudación del IVA bajo 15.3 por ciento; el Impuesto sobre la Renta cayo en 9.2 por ciento, así también el IETU tubo un disminución del 9 por ciento, el impuesto de Deposito en efectivo disminuyo en 14.7 por ciento. Del total de los ingresos tributarios, los petroleros durante el 2009 disminuyeron en 143 mil millones de pesos de acuerdo a lo programado, los ingresos de Pemex tuvieron una baja de 35 mil millones de pesos, mientras que los del gobierno federal cayeron en 108 mil millones de pesos, de acuerdo a lo programado para el 2009. Con relación a los ingresos tributarios la caída fue de 136 mil millones de pesos de los cuales el ISR fue menor en 61.9 mil millones de pesos de acuerdo a lo proyectado, esta misma tendencia observo el IETU con 10.8 mil millones de pesos menos a lo programado, mientras que Hacienda dejo de percibir 82 mil millones de pesos por concepto del IVA. En términos relativos los ingresos petroleros cayeron durante el 2009 en menos 21.4 por ciento y los no petroleros aumentaron en 2.2 por ciento, el gobierno federal aumento sus ingresos en 5.5 por ciento. Por lo que se refiere a los ingresos tributarios en términos relativos disminuyeron en 11.5 por ciento; mientras que el Impuesto sobre la Renta, el IETU y el Impuesto a Depósito en Efectivo fueron menores a 9.9 por ciento; por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación fue menor en 15 por ciento en términos anuales. A pesar del fuerte recorte al gasto público y de mayores ingresos no recurrentes, en el 2009 las finanzas públicas del país registraron el déficit más alto desde 1990, de 274 mil millones de pesos; esto equivale a 2.3 por ciento PIB y supera en 47 mil 14 millones de pesos al déficit aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009. Insuficiente fue el ajuste total al gasto por 90 mil 704 millones de pesos; ingresos provenientes del remanente de operación del Banco de México por 95 mil millones de pesos; de las coberturas petroleras estimadas en más de 70 mil millones de pesos y de la recuperación del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros por 25 mil 177 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el déficit se explica por la depreciación del tipo de cambio que hizo que la inversión física de Pemex fuera mayor en 23 mil 602 millones de pesos, pero también por un déficit público de 23 mil 411 millones de pesos equivalentes a 0.2 por ciento del PIB. El total de los ingresos del sector público equivalen al 23 por ciento del PIB para 2009, de los cuales el 7.1 por ciento son ingresos petroleros y el 15.9 son no petroleros. De acuerdo a todo lo anterior se la agrega los 336 mil millones de pesos de ingresos compensatorios a los que tubo que recurrir la administración, entonces la insuficiencia de ingresos alcanzo 611 mil millones de pesos que equivalen al 5 por ciento del PIB y al 21 por ciento de los ingresos presupuestarios. Indudablemente que el alto déficit público tiene sus repercusiones inmediatas no solo en las propias finanzas públicas sino en el conjunto de mercado de dinero y esto obliga al gobierno a emitir mayor deuda pública, también tiene sus repercusiones directas sobre las tasa de interés fijadas por el Banco de México que en el corto plazo las tendrá que ajustar a la alza, motivados también por la alta inflación que ya se registra. Para los analistas del sector privado del país el déficit público impone la necesidad de llevar a cabo la reforma fiscal que ya esta en la agenda de la Cámara de Diputados para poder volver a equilibrar las finanzas públicas. Esta nueva reforma fiscal debe irse a fondo para que las finanzas públicas y en particular la política fiscal por una parte permita aumentar la recaudación tributaria sin perjudicar a la inversión productiva y por el otro lado utilizar al gasto público como un instrumento para promover el crecimiento económico y la distribución del ingreso nacional en beneficio del empleo. Por lo pronto el déficit fiscal tendrá que corregirse o por lo menos ser un instrumento importante para la recuperación económica.
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José María Carmona La semana pasada la Suprema Corte de la Nación comenzó a analizar la constitucionalidad del Impuesto Empresarial a Tasa Única, mejor conocida como IETU. Miles de amparos que interpusieron los corporativos empresariales contra el mencionado impuesto serán analizados por los ministros de la corte. Para los especialistas fiscales el IETU es un impuesto de control que no permite la "ilusión" de la evasión fiscal y que este impuesto permitiría aumentar considerablemente la recaudación en el corto plazo, sin embargo los resultados obtenidos desde que entro en vigor no se han cumplido. Para las autoridades hacendarias el IETU tiene solidas bases jurídicas para su sustentación y será declarada su constitucionalidad, sin embargo para las cúpulas empresariales este impuesto es regresivo y perjudica la toma de decisiones de inversión por la manera de su cálculo que contempla el gravar a los activos de las empresas. Según versiones de la Secretaria de Hacienda si el IETU es declarado inconstitucional las finanzas públicas dejarían de recibir 90 mil millones de pesos, además, de las implicaciones que tendría para el sistema jurídico fiscal porque resultaría una verdadera derrota para el gobierno de Calderón en los momentos que se necesita aumentar los ingresos públicos. Otro problema a considerar es el referente a la acreditación que tienen las empresas de los Estados Unidos del IETU porque elevan considerablemente el costo de operación de sus empresas y en este sentido están demandando una reforma a fondo con relación al impuesto. Como ya se hizo referencia las metas de recaudación del IETU no se lograron, el gobierno estimo que para el primer año de su operación se proyecto la cantidad de 69 mil 688 millones de pesos y tan solo se obtuvieron 46 mil 586 millones de pesos lo que significa un 33 por ciento por debajo de la previsto, es decir 23 mil 102 millones de pesos menos. Para 2009 la situación mejoro ligeramente obteniéndose para las finanzas públicas 424 mil 404 millones de pesos de una cantidad estimada en 50 mil 677 millones de pesos; es decir, 16 por ciento menos a lo proyectado. La aplicación del IETU a los estados contables y su administración ha sido complicada y técnicamente en la mayoría de los casos representa dificultades, además de constituirse en un costo fijo para las empresas de manera adicional, de esta forma les merma enormemente la competitividad y desalienta la inversión, según especialistas. La introducción del IETU en la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas repercute directamente en su liquidez, lo cual, si se toma en cuenta la situación de la crisis ha hecho que desaparezcan miles de pequeñas y medianas empresas según los especialistas. De igual forma para las cúpulas empresariales es necesario que se lleve a cabo una revisión a fondo del IETU porque ha quedado demostrado que su aplicación desalienta a la planta productiva del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que estudiar a fondo la constitucionalidad del IETU y tomar una decisión la cual tendrá una trascendencia para el sistema fiscal del país, de declararse constitucional este gravamen será perjudicial para la recuperación económica del país porque es un factor determinante en la toma de decisión para los inversionistas y podrá inhibir la actividad económica de corto y mediano plazo. Esta declaración de constitucionalidad de dicho impuesto deberá estar fundamentada en el principio de equidad para los contribuyentes, lo que le da el principio jurídico para su validez; por el contrario de declarar la SCJN la inconstitucionalidad del IETU, las finanzas públicas se verán afectadas sensiblemente en sus ingresos y las autoridades hacendarias tendrían que devolver cuantiosas cantidades de dinero a los corporativos empresariales. Por lo pronto la existencia del IETU en su carácter de constitucionalidad en los próximos días estará en manos de la corte, en una controvertida decisión que tendrá una trascendencia tanto económica como política para los agentes económicos del país, como para las finanzas públicas en un año muy complicado donde se necesita aumentar de manera significativa los ingresos públicos y de esta manera financiar el desarrollo. |
José María Carmona Tal como se esperaba los efectos del aumento de los precios en los energéticos y los impuestos estuvieron reflejados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en la primera quincena del mes de enero del presente año, cuyo aumento fue de 0.75 por ciento, el más alto en una primera quincena del mes de enero desde la primera quincena de 2002 de acuerdo al informe dado a conocer por el Banco de México. De esta forma la inflación acumulada anual con relación a la primera quincena de enero del año pasado es de 4.17 por ciento. El autobús urbano aumento 4.02 por ciento, la gasolina de bajo octanaje aumento 1.39, el metro o transporte eléctrico 41.77, el servicio telefónico local 3.2, automóviles 1.17, la cerveza 2.29, el gas domestico 1.34 por ciento respectivamente. Entre los bienes y servicios que disminuyeron sus precios están el servicio turístico en paquete que bajo 7.25 por ciento, el transporte aéreo con 7.89, el jitomate 6.66, el azúcar con 0.95, la lechuga y el col con 2.78, hoteles con 2.33, pañales con 0.45 y el chile serrano con 3.61 por ciento respectivamente. De acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, alimentos, bebidas y tabaco sus precios aumentaron 1.06 por ciento, mientras que la ropa y el calzado disminuyo a 0.10 por ciento, la vivienda aumento 0.78, los muebles y enceres domésticos se incrementaron en 0.40, la salud y cuidado personal aumento a 0.94, el transporte 1.20, mientras que la educación y el esparcimiento disminuyeron a 0.09 y otros servicios aumentaron 0.64 por ciento. Los precios subyacentes se incrementaron en 0.31 por ciento y comprenden los precios de las mercancías y servicios, mientras que los precios no subyacentes aumentaron 0.44 por ciento y que comprenden los precios de administrados y concertados así como los agropecuarios. Con forme a estos resultados la inflación anual se espera en más de 5 por ciento según las proyecciones lo que resulta demasiado alta y por lo tanto se espera que las autoridades monetarias hagan un ajuste en la política de tasas de interés para poder cumplir la meta de inflación del 3 por ciento, cosa que resulta un tanto complicado de acuerdo a las expectativas de los agentes económicos. Es de esperarse que en los próximos días el Banco de México haga una modificación en la tasa de interés de los valores gubernamentales que se mantienen en un promedio del 4.5 por ciento; dicho porcentaje es semejante a la inflación anualizada hasta la primera quincena del mes de enero de este año. La banca central tiene que apretar la política monetaria para poder controlar el proceso inflacionario, aunque este también está determinado por el incremento internacional de los precios de las materias primas, donde el aumento en los precios de los energéticos continúa su tendencia en ascenso. Por todo lo anterior el incremento salarial a los mínimos ha quedado pulverizado y en los próximos días comenzaran las revisiones de los salarios contractuales los que deben aumentar por arriba del 5 por ciento sin incluir el incremento en las prestaciones por lo que el aumento salarial debe de ser superior al 8 por ciento. En este sentido ya es insuficiente el incremento del 4.8 que se otorgo a los salarios mínimos; las cúpulas empresariales argumentan que no están en condiciones de otorgar un incremento superior a los mínimos. En este sentido todos los sindicatos que emplacen a huelga por revisiones a los contratos colectivos deben de preparar la misma, entre ellos los sindicatos universitarios entre los cuales se encuentran los de la Universidad Michoacana, que por cierto la autoridad universitaria hasta ahora ha hecho unos miserables ofrecimientos. Independientemente del aumento a los salarios contractuales se debe de emplazar a una huelga general por un aumento salarial de emergencia que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios hasta ahora aniquilados por el proceso inflacionario. Es por ello que se deben convocar a todas las organizaciones sindicales para que organicen asambleas generales o departamentales para discutir el emplazamiento a huelga por el aumento salarial de emergencia y preparar un plan de lucha para poder recuperar el poder adquisitivo de los salarios anteponiendo la movilización a la negociación.
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