José María Carmona
La opinión publica de Michoacán y la población se pregunta ¿A dónde va Michoacán? La respuesta no es fácil de contestar dada la coyuntura política y económica, si bien es cierto que se estabilizo el término de la "seguridad", la otra parte está pendiente que es el desarrollo integral, en el cual están establecidas 250 acciones por parte del gobierno federal, los que tienen el propósito de reactivar la actividad económica y de reconstruir el tejido social.
La mayor parte de las acciones que contemplan el Plan Michoacán son para construir nuevas obras de infraestructuras y mejorar la capacidad instalada hospitalaria, la parte restante no tendrá impacto significativo en el mediano plazo.
La construcción de nuevas obras de infraestructura particularmente carretera, tendrá impacto positivo sobre la actividad económica en el mediano plazo y en parte depende de cómo se vayan canalizando los recursos financieros para llevarlas a cabo.
Por lo que se refiere a la reconstrucción del tejido social las acciones son de poco impacto a nivel regional y estatal caracterizándose por ser de aspecto asistencial, si bien es cierto que mejoran las condiciones de vida más esenciales de la población en pobreza y con hambre el problema no lo resuelve en el largo plazo.
Aun no se sabe con precisión cual es el monto financiero que se llevara la instrumentación de dichas acciones y si tienen un carácter extraordinario al presupuesto ya aprobado por la Cámara de Diputados, como por el Congreso Local.
Como es sabido en 80 por ciento de los recursos públicos efectivos en Michoacán son manejados por la federación, lo que significa que el comisionado Alfredo Castillo y los funcionarios de alto nivel serán los encargados de aplicar los montos financieros asignados para las acciones establecidas en el Plan Michoacán.
De acuerdo a versiones periodísticas recientes, el propio Alfredo Castillo ha declarado que no confía en absoluto en la administración estatal en el manejo de dichos recursos financieros por lo que se establecerá un estricto control por parte de la federación en su aplicación.
Por el lado del presupuesto estatal como se sabe, representa el 60 por ciento hecho canalizado al rubro de la educación y otra parte importante está hipotecada en el pago de la deuda estatal lo que prácticamente deja al gobierno de Salvador Jara Guerrero sin margen de maniobra financiera para impulsar obras y acciones que tengan el propósito de reactivar la economía michoacana.
A lo anterior hay que agregar los adeudos desde el 2011 por obra convenida con los municipios y los pagos pendientes a proveedores del gobierno que son un factor que entorpece cotidianamente la actividad del gobierno estatal para proporcionar los bienes y servicios que demanda la población.
Es por ello que se debe de pensar en la construcción de una agenda de desarrollo de largo plazo entre todos los actores tanto políticos como económicos y sociales, que vaya más allá de los resultados electorales del 2015.
También se sabe que está por instalarse el Consejo Económico Social de Michoacán después de que los impulsores ganaron un amparo.
La agenda de desarrollo para Michoacán debe de ser de largo plazo que tenga el propósito de transformar radicalmente la estructura económica y social de la entidad michoacana.
Para estos casos, los especialistas, planificadores y economistas recomiendan un periodo mínimo de 10 años y no solo consiste en transformar la economía michoacana generando más riqueza sino también la creación de empleos remunerados.
En todo eso la política pública para el desarrollo regional juega un papel importante de manera sistemática y permanente que se traduce en decisiones específicas fundamentadas en diagnósticos concretos donde participan activamente los sectores de la sociedad civil.
Es por eso que la pregunta ¿A dónde va Michoacán? Se debe de responder por lo menos es necesario construir una estrategia de desarrollo tanto en sus aspectos regionales y locales de largo plazo. La palabra la tiene el gobierno de Jara Guerrero y los actores que intervienen y que son afectados cotidianamente por la crisis económica y financiera que vive Michoacan.
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