domingo, 16 de enero de 2011

LA CARGA DE LA DUEDA PÚBLICA DE MICHOACÁN



José María Carmona

El Congreso del Estado aprobó la restructuración de la deuda pública de Michoacán, y es que la administración pública del estado prácticamente se encuentra en banca rota por la contratación de préstamos de corto plazo que se tendrían que cubrir próximamente, es por ello que el gobierno de Leonel Godoy solicito al congreso local la restructuración de la misma.

Cabe señalar que a lo largo de toda la discusión el entonces Secretario de Finanzas y Administración Humberto Suárez, advirtió que se podían desincorporar-privatizar-, varios bienes del patrimonio estatal para formar un fondo que pudiera resolver el problema de la crisis de deuda si los diputados no aprobaban la solicitud de la reestructura.

Pero lo cierto es que Suárez López se tuvo que ir después de nueve años de estar al frente de las finanzas públicas de Michoacán, y en este periodo el crecimiento de la deuda fue exponencial y de acuerdo a algunas fuentes ya alcanza el 30 por ciento de los ingresos estatales, pero lo cierto es que existen varias versiones sobre la situación de la deuda pública para el diputado Manuel Antúnez es mayor a los 12 mil millones de pesos y que está contratada en su mayoría a corto plazo por lo que ahora con el acuerdo tomado por los diputados, el gobierno de Godoy estará en condiciones de convertirla en deuda de largo plazo, que según algunos cálculos de especialistas equivaldría a que cada michoacana deberá 4 mil pesos por los próximos 25 años sin incluir el pago de los intereses.

La restructuración de la deuda fue aprobada por 33 diputados locales y 6 en contra de los cuales la mitad son de la bancada priísta, pero resulta verdaderamente escandaloso que en la nueva Ley de Deuda Pública se autorice al ejecutivo estatal a comprometer hasta un 30 por ciento de las participaciones federales en la contratación de nueva deuda.

Lo que resulta inadmisible, el crecimiento exponencial de la deuda pública durante las dos últimas administraciones perredistas, la de Lázaro Cárdena Batel y Leonel Godoy, donde a lo largo de todo este tiempo hubo un sólo responsable del manejo por cierto muy malo de las finanzas públicas michoacanas que fue Humberto Suárez que por ciento fue impuesto por las cúpulas empresariales de Michoacán.

De todo este proceso de endeudamiento de Michoacán los únicos beneficiados son los bancos trasnacionales que cobraran altos interese y comisiones por la restructuración que por cierto no se sabe su costo pero seguramente será muy elevado ocasionando una sangría a las finanzas públicas muy golpeadas.

Es sorprendente que en los últimos dos gobiernos disque de izquierda, el Estado de Michoacán haya alcanzado ese nivel de endeudamiento tan elevado y comprometiendo de esa manera los ingresos públicos con el pretexto de un mejor desarrollo para el pueblo michoacano, lo cierto es que la política de deuda pública es equivocada como se ha llevado a cabo.

Es necesario precisar que no fueron suficientes las participaciones federales para financiar el desarrollo del Estado y que representan el 97 por ciento de los ingresos estatales; los gobiernos recurren a la deuda cuando los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir el gasto público y particularmente el relacionado con la inversión pública para detonar el crecimiento, el empleo y el bienestar de la población, pero en el caso de Michoacán, el desarrollo no ha llegado y por tan sólo citar alguna fuente confiable están los resultados del informe de las Naciones Unidas en cuanto al Índice de Desarrollo Humano donde la entidad michoacana ocupa los últimos lugares y tiene zonas de alta marginación.

Tampoco existe un informe claro y preciso sobre la deuda pública lo que habla muy mal de la rendición de cuentas y de la falta de transparencia de los recursos públicos tanto en su asignación como en su ejercicio, principalmente en este último aspecto donde la Auditoria Superior de Michoacán tiene mucha responsabilidad ante los michoacanos para saber detalladamente si los recursos obtenidos por la deuda pública han sido ejercidos correctamente y en beneficio de la población michoacana; lo que resulta a todas luces una ineficiencia no sólo del ejecutivo local sino una enorme responsabilidad que tienen los diputados.

Lo que es cierto es que las próximas generaciones michoacanas cargaran con el peso de una deuda pública que no fue en su beneficio y los costos sociales y políticos serán más altos no sólo para el gobierno de Leonel Godoy, ni para el PRD sino para toda la clase política michoacana que ha beneficiado a los empresarios con jugosos contratos.

Por ahora la deuda pública de Michoacán será una carga que tendrán que llevar los michoacanos a cuesta, así son los gobiernos de izquierda más neoliberales que los neoliberales.  

 


 

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